Armando Romero
Se cumple el sueño de Hinzpeter, un oscuro personaje de la derecha chilena, perteneciente al cerrado círculo de amistades del empresario Piñera [...] este personajillo con aires, de albacea de los intereses del empresariado criollo, pretenden instaurar la Ley del garrote al “enemigo interno” [...] criminalizando las manifestaciones sociales. Mi perro, se rasca y levanta su cabeza [...] todo un Hermann Goering. ¿Será su clon? Se pregunta mi deslenguado perro [...]
Los estudiantes de Chile comenzaron a demandar modificaciones necesarias en la educación […] se abrió el debate y la toma de conciencia en medio de movilizaciones y ocupaciones de liceos y universidades esa lucha fue transformándose en la exigencia de que sea responsabilidad del Estado proveer esa educación, la educación Pública y gratuita para todos, cualitativamente fueron empoderándose de la agenda política chilena.
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Luego de esa primera instancia de lucha, la organización y fuerza que demostró el movimiento estudiantil chileno entusiasmó a un pueblo que se lanzó a la calle a levantar demandas históricas que en el pasado no se había logrado expresar y unirse para reivindicarlas.
Se lanzó a reclamar por las injusticias instaladas por el modelo neoliberal imperante en Chile, cuyas bases sentó la dictadura criminal de Pinochet, y puso en discusión qué clase de democracia necesitan para que sus intereses tomen protagonismos.
En estos nuevos escenarios, la derecha se vio acorralada, Piñera pareció comenzar a perder el rumbo, viéndose obligado a efectuar cambios en su gabinete. A no dejarse engañar, el gobierno de Piñera servil a los grupos económicos nacionales y trasnacionales está dispuesto a hacer uso de cualquier recurso, incluso el de la fuerza para mantener su condición de dominantes, y mantener intacto el modelo neoliberal.
La ideología de la derecha chilena, por esencia, es anti democrática y se sustenta, en la coacción de sus objetivos, pueden parecer demócratas y vestirse como tal, pero no lo han sido en el pasado, ni lo serán en el presente.
La reforma firmada por el Presidente Sebastián Piñera que busca endurecer las medidas frente a desórdenes públicos, incluye una norma que establece como delito la "ocupación o invasión ilegal de inmuebles".
La norma incluye viviendas y recintos comerciales, industriales, religiosos o educacionales, y quienes los ocupen arriesgan entre 541 días hasta tres años de cárcel. Apunta a atemorizara al movimiento estudiantil, violando los derechos del niño y otros instrumentos de DD.HH.
El proyecto, además de incluir figuras como el saqueo, el impedimento al libre tránsito y la interrupción de servicios públicos, establece castigos a la falta de respeto a policías, e incluso establece como agravante el actuar encapuchado. Durante la actividad, el ministro Rodrigo Hinzpeter señaló que, cuando éste se apruebe, quienes cometan "desórdenes públicos, saqueando establecimientos de comercio, tomándose propiedades fiscales o particulares, interrumpiendo servicios públicos o interrumpiendo el tránsito por caminos, van a estar cometiendo un delito". Atentar contra el libre derecho a manifestarse, restringiendo las libertades públicas.
Un proyecto de ley que modifica el artículo 269 del Código Penal apunta a criminalizar actos de protesta social como ocupar la calle porque no pasa un micro, tomarse un colegio o increpar a un policía […] ahí mi perro se comienza a inquietar, y que pasa con el abuso policial, la corrupción de carabineros de Chile, con un Director General, participe directo en violaciones a los DD.HH a su paso por la comisaria de San Gregorio.
La normativa también amplia el ámbito de intervención policial al facilitar la obtención de medios de prueba sin orden del fiscal a las policías. Así, se le otorga la facultad a las Fuerzas Policiales para que puedan solicitar la entrega de grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos que sirvan para esclarecer delitos o participación de “encapuchados” en los mismos, todo esto sin orden previa del fiscal.
El proyecto de ley tiene un objetivo claro: cooptar las movilizaciones estudiantiles y criminalizar la protesta social.
Si de por sí, el estado ejerce la represión contra el pueblo mapuche, donde la policía custodia a los latifundistas, usurpadores de las tierra mapuches. Se podrá imaginar, como se incrementaran, la represión al pueblo mapuche, en sus legítimas demandas políticas y recuperación de sus tierras.
De aprobarse esta Ley del garrote maldito, los conflictos se agudizaran y será legítimo, el uso de todas las forma de lucha. El gobierno, de seguro ha de estará monitoreando el pulso de los movimientos de indignados en el mundo, de ahí su temor y sumado, a la baja credibilidad de Piñera, expresadas en las últimas encuestas.
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